La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la llamada “muerte civil” para funcionarios que incurran en corrupción.
Los ministros invalidaron la inhabilitación perpetua contra quienes incurran en actos de corrupción por considerarla excesiva y desproporcional.
Y es que coincidieron en que la “muerte civil” afecta en grado predominante a la libertad de trabajo, el derecho de acceso a los cargos públicos y a ser votado, y se estigmatiza a la persona.
Fuente: Reforma/foto: Twitter/doh